INTERVENCIÓN DEL SENADOR RUBEN GIUSTINIANI EN EL TRATAMIENTO DEL PRESUPUESTO NACIONAL 2009 (5/11/2008)

Señor presidente: está en tratamiento lo que, en teoría, representa la ley más importante que considera el Parlamento, esto es, el presupuesto de la Nación. Norma que asigna los gastos, verifica los recursos y que, por la implicancia social y económica que posee, se ha dado en llamar la “ley de leyes”.

Creo que todos estamos bastante de acuerdo en que si en general el tratamiento de los presupuestos en el Senado de la Nación no ha tenido la relevancia que debería tener, el actual tratamiento quizá sea el que, por lo menos según mi experiencia parlamentaria, menos relevancia ha merecido. No ha venido un solo ministro de la Nación a exponer al Congreso, no ha venido tampoco el jefe de Gabinete de Ministros y, lamentablemente, a pesar de los distintos enfoques, se halla ante nosotros un proyecto de presupuesto que no ha reflejado la consideración de la crisis económica internacional ni tampoco las implicancias que ella va a tener sobre la economía y la sociedad argentina.

Y digo todo esto porque fue muy gráfico cuando a mediados del mes de septiembre, sin ninguna clase de consideración sobre lo que estaba sucediendo —el estallido de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, con la tremenda crisis que produjo por su tremenda profundidad y extensión en todo el mundo, ameritaba un debate bien concreto— y con un apego débil a los números del presupuesto, en la misma semana en que la Presidenta de la Nación enviaba el proyecto de presupuesto, la primera mandataria firmaba un decreto de necesidad y urgencia por el que ampliaba las partidas presupuestarias en 36 mil millones de pesos. El oficialismo decía que la presidenta firmó un solo decreto de necesidad y urgencia: es cierto, pero se trata de un decreto de necesidad y urgencia por nada más y nada menos que 36 mil millones de pesos.

Creo que en este proyecto de presupuesto se insiste con algunas cuestiones que tuvieron éxito en la macroeconomía durante los últimos cinco años. Me refiero a los cuatro pilares que sentó el doctor Roberto Lavagna, que fue el primer ministro de Economía posterior a la crisis. Ellos son el superávit fiscal alto, el superávit externo alto, las retenciones y el dólar alto. Ese esquema tuvo un funcionamiento virtuoso con un crecimiento de la economía de entre el 8 y el 10 por ciento durante casi seis años.

Ya sabemos que esa realidad no la tenemos hoy en las mismas condiciones. La inflación ha ido creciendo en el país, consumiendo ese dólar que significaba una ventaja competitiva para nuestra producción nacional. Sabemos que esa realidad es producto de la baja de las commodities y del precio de los cereales, especialmente la soja. Tuvimos un debate acerca de si el alto precio de la soja de mediados de este año se debía a la demanda de alimentos por parte de la China y de la India -y en parte era debido a eso-, o si en ese alto precio la especulación financiera era un componente importante, puesto que había capitales que habían girado hacia las commodities como una manera de extraer una renta importante en poco tiempo. Fue así que la soja llegó a tener un precio de 548 dólares la tonelada, cuando el promedio histórico de los últimos años marca que su valor siempre estuvo rondando los 300 dólares. Hoy está a 350 dólares, lo que nos parece bajo. Pero, evidentemente, ese es el valor que promedió en los últimos años, al margen de ese segmento de tiempo en el que su precio subió por la especulación financiera. Ahora, esos capitales se retiraron de las commodities como producto del estallido de la burbuja.

Podemos observar que lo mismo pasó con el petróleo, que llegó a tocar los 164 dólares el barril; incluso, se decía que podía llegar a los 200 dólares el barril. Pero hoy está en 64 dólares y se estima que el horizonte del precio del barril de petróleo no va a sobrepasar en ningún caso los 80 dólares el barril.

Esta crisis internacional también nos deja una enseñanza que es importante manifestar en este Parlamento. El estallido de la crisis, debido a la burbuja financiera de los Estados Unidos que se ha extendido a todo el mundo, hoy convoca a todos los economistas y todos ellos —incluso los más ortodoxos defensores del neoliberalismo— coinciden cínicamente en que esto se debió a la falta de regulación. Es decir que todos expresan que esta economía, llevada a una economía de casino, de especulación financiera, de rentabilidad a corto plazo sobre la base exclusivamente del capital financiero, en algún momento estalla. Pues bien, esta crisis no es la primera; justamente, por eso se habla tanto de su similitud con la de Wall Street de 1929. Hace algunos años, en los 90, se produjo el estallido de la crisis de la burbuja informática, de las empresas “punto com". Por lo tanto, estamos seguros de que esta crisis tampoco será la última.

Ya decíamos en los momentos de histeria que la profundidad y dimensión de esta crisis demandó la asistencia del Tesoro de los Estados Unidos, que tuvo que intervenir con 800 mil millones de dólares, que es la misma cifra que hasta el momento le ha costado la guerra de Irak. Como ustedes recordarán, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos decía, cuando tuvimos la crisis de 2001, que no iban a prestar plata a los argentinos porque esa plata iba a salir de los bolsillos de los plomeros y los carpinteros estadounidenses. Estos 800.000 millones de dólares que pusieron “salen” de los plomeros y carpinteros estadounidenses porque es dinero del Estado: es decir, dinero de la gente que ahora va a salvar a los bancos para que no se produzca una crisis muchísimo peor. Si bien no es el fin de la historia —como nos quisieron hacer creer en su momento, cuando arreciaban las políticas neoliberales-, ni tampoco es el fin de las políticas neoliberales, sí esto marca un cambio de tendencia, de época, de conceptos. Creo que sí es el fin del triunfo cultural del neoliberalismo; de los conceptos del neoliberalismo que estaban expresados en ejemplos muy gráficos. En 1976 le dieron el premio Nobel a Milton Friedman. Cuando arreciaban las políticas neoliberales en el mundo desarrollado —en los 60, en los 70, hasta llegar a los 90— Milton Friedman adquirió “prestigio” —entre comillas— por su teoría monetarista, aplicando simplemente lo que había sido escrito un siglo antes en La riqueza de las naciones por Adam Smith: aquello de la mano invisible del mercado. Es decir que sólo el mercado podía desarrollar la economía y que no era bueno ni deseable que el Estado se metiera en la economía; que ni siquiera era deseable que los políticos interfirieran en la economía. Por eso durante muchas décadas, desde los 60 hasta estos días, vino toda esa prédica de “correr” al Estado de sus funciones y de que la política ni siquiera debía opinar sobre economía.

Creo que también lo que ocurrió anoche en las elecciones en Estados Unidos nos deja una enseñanza. La participación del pueblo estadounidense fue la más alta desde 1908 Hacía un siglo exactamente que no participaba tanto la gente en las elecciones: un 66 por ciento. En la elección de Kennedy la participación alcanzó al 63 por ciento. Con relación a las pasadas elecciones presidenciales, ahora hubo un 23 por ciento más de participación. Se debe a que existe una expectativa en la sociedad de que, justamente, un nuevo gobierno pueda mejorar las condiciones de la gente, desesperada ante la crisis.

Considero que una de las enseñanzas de esta época es la necesidad de un nuevo rol del Estado; y no sólo un nuevo rol del Estado sino qué tipo de Estado. Es importante porque cuando el neoliberalismo de los 60 ganó esa batalla cultural lo hizo por la ineficiencia del Estado. Lo hizo porque la combinación de recesión, inflación y desempleo produjo que todos los planes llevados adelante después de la Segunda Guerra Mundial, el new deal en los Estados Unidos y el Plan Beveridge en Europa, fueran barridos. Eso permitió el avance de la prédica neoliberal.

¿Qué Estado necesitamos hoy? ¿Necesitamos un Estado como aquellos anteriores a la prédica del neoliberalismo? Yo creo que no. Necesitamos un Estado presente y regulador, pero fundamentalmente un Estado transparente y participativo. De hecho, el hiperpresidencialismo fue el rasgo de los 90. El hiperpresidencialismo fue el rasgo político de los Fujimori, de los Collor de Melo; y también lo tuvimos en nuestro país. Por eso, hoy necesitamos un nuevo rol del Estado, con un desempeño importante del Parlamento.

Creo que este presupuesto enviado al Congreso de la Nación no contempla la incidencia de esta crisis internacional. Primero, por la baja en el precio de los commodities, que va a producir una reducción de los superávit gemelos. En segundo lugar, los menores ingresos de fondos del exterior, por el menor valor de las exportaciones, van a tener un impacto negativo en la demanda agregada. En tercer lugar, la demanda externa se verá reducida por la desaceleración de la economía mundial y por la devaluación de las monedas que se ha producido en Brasil, en Chile y en Europa. En cuarto lugar, ya empieza a existir, de manera preocupante, una fuga de capitales que se da en el retiro de los fondos de inversores nacionales e internacionales. Sabemos cómo esto actúa cíclicamente: los menores fondos invertidos producen la reducción del crédito, y eso lleva al aumento de las tasas de interés, con lo cual esto atenta contra la actividad económica. En quinto lugar, la reducción de la tasa de crecimiento económico, que ya todos compartimos que será muchísimo menor. Todos hablamos de la desaceleración de la economía. Todos reconocemos que quizás este sea el primer presupuesto en el que la estimación del crecimiento del Producto Bruto Interno será fiel con la realidad, como no lo fue en todos los presupuestos anteriores. Quizás este sea el primero que se acerque a la realidad. Por otra parte, hemos reconocido que esa reducción de la tasa de crecimiento económico tendrá consecuencias negativas sobre la recaudación de los impuestos de base interna. Por último, el sexto aspecto que va a impactar negativamente esta crisis es la inaccesibilidad argentina —que ya la tenemos— en los mercados de capitales. Por lo tanto, los vencimientos de compromisos externos de deuda llevan a una situación de preocupación, que hoy tiene el gobierno nacional y que tenemos todos, producto de ese tema de la deuda, que después abordaré más en detalle.

Entonces, este proyecto de presupuesto que tenemos en consideración no desarrolla un aspecto que vaya de la mano a una respuesta nueva ante una situación nueva que vamos a tener, sino que repite cinco aspectos que se han reiterado en los anteriores presupuestos presentados al Congreso en los últimos años.

El primero, es la contención del gasto primario en términos reales. Decía el miembro informante del oficialismo que el primer objetivo es el superávit primario, el superávit fiscal. Creo que es un gravísimo error plantear esto como primer objetivo. No tenemos que seguir con la receta del neoliberalismo, si es dable el equilibrio fiscal siempre, hay que actuar desde el punto de vista del Estado de manera anticíclica. Es decir, si el año que viene va a ser un momento de recesión, de desaceleración de la economía, de crisis, no tenemos por qué plantearnos un superávit fiscal tan alto.

El new deal, que algunos diarios dicen que se está preparando en las cocinas del gobierno, no está expresado en este presupuesto. Ojalá que tengamos un new deal. Sería positivo. Y hubiera sido muy positivo que lo discutiéramos acá; que discutamos en política social, en construcción de viviendas, hospitales, escuelas, rutas, en educación; que discutamos el new deal para el año 2009. No está expresado en este presupuesto. Si uno transporta el presupuesto del año anterior y le incorpora crecimiento más inflación dan los valores de gasto social, prácticamente sin modificaciones, del año pasado.

El segundo aspecto es que se insiste con dar prioridad al pago de la deuda. En otro momento era el no pago, el análisis de la legitimidad de la deuda, y ahora lo progresista es el desendeudamiento. Entonces, también debería estar aquí porque fue anunciado con bombos y platillos en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, con la presencia de las instituciones representativas del país, que se iba a pagar al Club de París, cosa que no comparto. ¿Dónde está? ¿Se va a pagar o no? Son 6.900 o 7.900 millones de dólares.

El tercer aspecto es la ausencia de política destinada a una mejora de la distribución del ingreso. Después voy a desarrollar este punto que está vinculado a la cuestión de la inversión social.

El cuarto aspecto que reitera este presupuesto es la ausencia de políticas económicas que implementen reformas estructurales: no hay reforma tributaria, no hay reforma de los servicios públicos concesionados, seguimos en la emergencia; y como aquí se dijo, la primera reforma estructural que vamos a discutir, que no está contemplada y tiene una implicancia gigantesca en el presupuesto, es la reforma previsional.

Y el quinto aspecto, es que todo esto repite un presupuesto que está formulado con pautas que propician un posterior manejo discrecional de los recursos. Y el ejemplo que daba, que en la misma semana que se envía el presupuesto hay necesidad de ampliarlo en 36 mil millones de pesos, nos exime de mayores análisis en esa situación. La cuestión de los recursos corrientes que el presupuesto considera sigue manteniendo una de las estructuras tributarias más anacrónicas del mundo. No es un análisis con predisposición de la oposición a ver el negro de las cosas, sino que la naturaleza misma de la estructura —y no es cuestión de este gobierno que la instrumentó sino que fue la sucesión de distintos gobiernos— configura que el primer impuesto que se recauda en la Argentina es el impuesto al consumo, que es el IVA, y que determina que en tercero y cuarto lugar estén las retenciones y el impuesto al cheque, que tienen consideraciones particulares.

Cuando discutimos la Resolución 125 manifestamos que las retenciones —y la curva de los precios de los cereales en el mundo lo está demostrando— deberían haber sido siempre implementadas como herramientas de política económica, para capturar una plus renta, pero con retenciones progresivas y segmentadas que impidieran que, aplicándose de la misma manera al pequeño y al gran productor, se avanzara, como se avanzó en los últimos años en la República Argentina, paulatina y sistemáticamente sin detenimiento en un proceso de concentración de la tierra y de sojización que no se ha detenido.

El impuesto al cheque impuesto por Cavallo en la crisis del 2001 es un gravamen totalmente distorsivo de la producción, que solamente coparticipa el 15 por ciento. Las retenciones agropecuarias coparticipan cero pesos, cero centavos. Esto determina en forma progresiva otra lógica en la estructura tributaria que va en una creciente centralización de los recursos, donde tenemos superávit en la Nación y crecientes problemas financieros en las provincias.

Esto no solamente no se aborda sino que se va en una profundización de esta situación, donde vamos a caminar con un presupuesto hacia un superávit del 3 por ciento del Producto Bruto Interno en la Nación y 0,28 de superávit en las provincias, con situaciones graves como en la provincia más grande del país, que es la provincia de Buenos Aires; y con situaciones muchas veces hasta dramáticas, como lo expresaron en distintas oportunidades los compañeros de Tierra del Fuego, no por la actual administración, justamente, sino por una derivación de esta problemática que estamos planteando.

Entonces, tenemos que el IVA va a recaudar 90.296 millones de pesos, que es un 8,12 por ciento del presupuesto de recaudación; en segundo lugar, tenemos el Impuesto a las Ganancias, con una suma 61.583 millones es decir, 5,54 por ciento y, después entran derechos de exportación, con 4, 44; créditos y débitos bancarios, con 2,01.Por consiguiente, insistimos que la verdadera decisión progresista del gobierno y del Congreso de la Nación sería bajar el IVA y llevarlo a cero en alimentos, y subir los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales. Esta sería la verdadera reforma tributaria progresista que permitiría tener un esquema de recursos sustentable, a mediano y largo plazo, y que resultaría verdaderamente más justa.

Con relación a la reforma previsional, las contribuciones sociales forman parte del segundo aspecto de recaudación: 6,13 respecto al PBI, o sea que después del IVA se encuentran posicionadas las contribuciones sociales; y no está contemplado porque está estimado 68.159 millones para 2009, pero vamos a tener un ingreso de una ley que va a tener aprobación en el Parlamento Nacional de 13 mil millones de flujo anual, y que incorporará activos de casi 100 mil millones de pesos. Semejante masa de dinero no está considerada en ningún lado.

Estos son los temas que desde mi punto de vista deberían abordarse. A su vez, lo relativo a los recursos entre la Nación y las provincias es algo que se ha mencionado en casi todos los discursos, y los números son contundentes, porque se incumple claramente la ley de coparticipación federal, en su artículo 7, que plantea un piso de coparticipación del 34 por ciento, aunque en el año 2009, tal como se plantea en este presupuesto, la distribución de los recursos entre la Nación y las provincias llegará al 24 por ciento, con lo cual, la creciente centralización de los recursos tributarios no va a parar. A modo de ejemplo, para el año 2007, de 199.780 millones considerando las contribuciones de la seguridad social, se coparticiparon 54.676 millones, es decir, el 27,37 por ciento. Con este panorama, el monto que se distribuirá a las provincias el año próximo llegará al 24,07 por ciento, porque serán 329.337 millones para la Nación y 79.341 millones para las provincias.

Si desde 2003 a 2008 se hubiera cumplido con este piso de coparticipación del 34 por ciento —cosa que no se ha sucedido e, incluso, siempre se estuvo por debajo de ese límite— y si calculamos cuánto se le detrajo a las provincias argentinas, la cifra da 77.324 millones de pesos. Por ejemplo, de haberse cumplido con el piso de la ley, hubiera representado 2.100 millones de pesos más para la provincia de Santa Fe durante el corriente año.

Con respecto a la cuestión social, la reforma necesaria es de un ingreso mínimo universal. En una realidad de holgura fiscal, se dan planes Jefas y Jefes de Hogar de 150 y 300 pesos. Repito, ¡150 y 300 pesos! En el Plan Familia, se otorga una asignación promedio, por familia, de 210 pesos mensuales. Se brinda un seguro de capacitación y empleo a 225 pesos mensuales. Es verdad que hay un debate respecto del IPC, porque el Indec está destruido. Obviamente que hay un debate sobre cuál es el valor de la canasta de pobreza y cuál la de indigencia. Sin embargo, está clarísimo que estas cifras de asistencia social no se condicen en absoluto con la realidad y con las necesidades de las familias para que superen el piso de la pobreza. Por lo tanto, desperdiciamos seis años de crecimiento económico sostenido a tasas chinas, sin reformas estructurales. Es verdad que bajó el desempleo, la pobreza y la indigencia, pero todavía tenemos millones de personas en la pobreza, en la indigencia y en el trabajo en negro. Como hemos puesto como punto de partida central el superávit, no supimos aprovechar los presupuestos para dar un combate de fondo en estos temas, con reformas estructurales que permitan construir bases sólidas para un país más equitativo.

El problema es que ahora viene la crisis. Entonces, espero que en esta crisis entre todos busquemos el consenso para generar políticas de Estado y no anuncios espectaculares que se definan entre muy pocos, porque no se descubrirán nuevamente el sol o la pólvora. Aquí se trata de dar una pelea permanente por una distribución más justa de la riqueza en la Argentina.

Hay una inmensa mayoría política y social en el país que está de acuerdo con avanzar en reformas estructurales para que estas cuestiones se produzcan. Sin embargo, estas cuestiones no están planteadas en este proyecto de ley de presupuesto nacional y continúan pendientes, como la reforma al régimen tributario, la reforma al sistema financiero, la reforma al sistema de servicios públicos privatizados que siguen con la lógica de los años 90, con leyes de emergencia económica que siguen pateando para adelante renegociaciones y donde las empresas continúan realizando sus grandes negocios.
Por todas estas cuestiones, y por considerar que para el año que viene se abre un debate fundamental para el Parlamento —que nos hubiera gustado darlo en el marco del presupuesto 2009— acerca de ese nuevo rol del Estado que garantice no solamente abordar la crisis de manera eficiente, sino que permita una mejora en la calidad de vida de la gente, una mejora en los que menos tienen en la República Argentina: los jubilados, los docentes, los trabajadores de nuestro país.