Acompañamos el reclamo realizado por las organizaciones que defienden la diversidad sexual y las uniones de hecho; reclamo que se ciñe entorno a solicitar a los señores concejales de la ciudad, que en virtud de la facultad que les brinda la Carta Orgánica, insistan con el proyecto original aprobado: de la creación y reglamentación del Registro de Uniones civiles en el ámbito de la Ciudad de Rio Cuarto.
La Diversidad sexual es un derecho, ello surge claramente de la propia carta magna en sus artículos 19 y 33, el Estado argentino se ha declarado laico, con respeto a la libre elección de culto; ¿de donde surge que esta ordenanza podría tacharse de inconstitucional?
El veto parcial del Sr. Intendente a nuestro criterio, no se funda en una contrariedad a la normativa legal, ya que el cuerpo legislativo local no avanza sobre facultades que son privativas en virtud de la Constitución Nacional del orden federal o provincial.
En el articulo 15.de la Carta Orgánica Municipal se establece: -“ Los habitantes del Municipio gozan de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, en la Constitución de la Provincia de Córdoba y en los tratados internacionales ratificados por la República Argentina, además de los que consagra especialmente esta Carta Orgánica conforme con las ordenanzas que reglamentan su ejercicio. La enumeración de estos derechos y garantías no es entendida como negación de otros que se derivan de la forma democrática de gobierno y de la condición natural de las personas”.
La ordenanza bajo estudio solo declara el reconocimiento a una realidad, de una situación que en los hechos existe; el derecho en general se caracteriza por ir por detrás de las situaciones; es la realidad la que marca su ritmo; y aquí no se ha hecho otra cosa que plasmar en papel lo que se percibe, lo que es manifiesto, por así decirlo, lo que constituye su “entorno”.
De ninguna manera se ha institucionalizado una figura semejante al matrimonio como algunos sectores quieren instalar; lejos esta el régimen creado de asimilarse a lo normado por el Código Civil.
En el Concejo ha primado el sentido de la equidad y la justicia, principios implícitos, que orientan todo nuestro andamiaje legal; mal puede decirse que la norma ataque la Constitución o la normativa que de ella emana.
Los grandes avances que se produjeron desde principios del siglo pasado entorno a la unión laica, la cual se materializo recién en 1985, cuando Alfredo Palacios ya había impulsado iniciativas del tipo en las primeras décadas del siglo XX; demuestran la influencia que ejercen ciertos sectores en la comunidad.
Estos confunden el ministerio con la cuestión política, pero esto no es inconveniente, el problema es cuando nuestros representantes entran en esa confusión, ya que ello provoca situaciones como esta; donde el órgano de máxima representación política dentro del poder publico, por unanimidad decide reconocer la unión de hecho sin importar el sexo de las personas que lo integren; pero cúpulas reaccionaras denigran con ataques carentes de base legal por el solo hecho del pensamiento distinto.
Quienes participamos de los espacios plurales, progresistas, defendemos el trabajo digno, la universidad publica, a quienes no pueden acceder a un plato de comida diario, a aquellos que han perdido la dignidad por culpa del “sistema”, reconocemos y nos ponemos a la par de las minorías.
Quien hoy niega la diversidad sexual y las uniones de hecho aceptando las presiones de sectores retrógrados, dogmaticos, de mente cerrada, no van a poder nunca acallar la voz del desprotegido, porque siempre habrá un estudiante que levante su voz por aquel. Quienes tenemos la dicha de ser parte de la educación publica somos libres, libertad en todo el espectro de la palabra, por eso no aceptamos imposiciones de ningún tipo, menos de quienes ayer mantuvieron el silencio cuando mas tendrían que haber hablado, que haber gritado. Estos son los mismos que conceptualizan y solo aceptan a la “familia” como la “creada” en el templo (con su consecuente diezmo), son los que querrían vivir en el siglo XVIII; las cuestiones políticas y jurídicas pertenecen a los poderes públicos, las cuestiones del dogma a las instituciones religiosas, es hora de dar a cada uno lo suyo.
Las declaraciones periodísticas de las concejales Yawny, Natali y Novo hacen presumir que esto será así -la insistencia- pero no podemos dejar de participar en una cuestión tan sensible para la población toda; este forma parte de uno de los tantos temas en los cuales la comunidad universitaria no puede mantenerse pasiva, sin opinión, este es uno de los momentos en los cuales debemos demostrar nuestro compromiso con la comunidad; mal podrían aquellos que con total libertad y convicción hace no mas de treinta días, avalaron la ordenanza en cuestión, hoy rectificar su accionar bajo el amparo del desconocimiento legal, única razón que podrían argüir, eso no solo constituiría un triste ejemplo mas de la clase dirigente, sino que además demostraría la falta de compromiso individual del quienes hoy ostentan la representación de la ciudadanía de Río Cuarto.-
La Diversidad sexual es un derecho, ello surge claramente de la propia carta magna en sus artículos 19 y 33, el Estado argentino se ha declarado laico, con respeto a la libre elección de culto; ¿de donde surge que esta ordenanza podría tacharse de inconstitucional?
El veto parcial del Sr. Intendente a nuestro criterio, no se funda en una contrariedad a la normativa legal, ya que el cuerpo legislativo local no avanza sobre facultades que son privativas en virtud de la Constitución Nacional del orden federal o provincial.
En el articulo 15.de la Carta Orgánica Municipal se establece: -“ Los habitantes del Municipio gozan de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, en la Constitución de la Provincia de Córdoba y en los tratados internacionales ratificados por la República Argentina, además de los que consagra especialmente esta Carta Orgánica conforme con las ordenanzas que reglamentan su ejercicio. La enumeración de estos derechos y garantías no es entendida como negación de otros que se derivan de la forma democrática de gobierno y de la condición natural de las personas”.
La ordenanza bajo estudio solo declara el reconocimiento a una realidad, de una situación que en los hechos existe; el derecho en general se caracteriza por ir por detrás de las situaciones; es la realidad la que marca su ritmo; y aquí no se ha hecho otra cosa que plasmar en papel lo que se percibe, lo que es manifiesto, por así decirlo, lo que constituye su “entorno”.
De ninguna manera se ha institucionalizado una figura semejante al matrimonio como algunos sectores quieren instalar; lejos esta el régimen creado de asimilarse a lo normado por el Código Civil.
En el Concejo ha primado el sentido de la equidad y la justicia, principios implícitos, que orientan todo nuestro andamiaje legal; mal puede decirse que la norma ataque la Constitución o la normativa que de ella emana.
Los grandes avances que se produjeron desde principios del siglo pasado entorno a la unión laica, la cual se materializo recién en 1985, cuando Alfredo Palacios ya había impulsado iniciativas del tipo en las primeras décadas del siglo XX; demuestran la influencia que ejercen ciertos sectores en la comunidad.
Estos confunden el ministerio con la cuestión política, pero esto no es inconveniente, el problema es cuando nuestros representantes entran en esa confusión, ya que ello provoca situaciones como esta; donde el órgano de máxima representación política dentro del poder publico, por unanimidad decide reconocer la unión de hecho sin importar el sexo de las personas que lo integren; pero cúpulas reaccionaras denigran con ataques carentes de base legal por el solo hecho del pensamiento distinto.
Quienes participamos de los espacios plurales, progresistas, defendemos el trabajo digno, la universidad publica, a quienes no pueden acceder a un plato de comida diario, a aquellos que han perdido la dignidad por culpa del “sistema”, reconocemos y nos ponemos a la par de las minorías.
Quien hoy niega la diversidad sexual y las uniones de hecho aceptando las presiones de sectores retrógrados, dogmaticos, de mente cerrada, no van a poder nunca acallar la voz del desprotegido, porque siempre habrá un estudiante que levante su voz por aquel. Quienes tenemos la dicha de ser parte de la educación publica somos libres, libertad en todo el espectro de la palabra, por eso no aceptamos imposiciones de ningún tipo, menos de quienes ayer mantuvieron el silencio cuando mas tendrían que haber hablado, que haber gritado. Estos son los mismos que conceptualizan y solo aceptan a la “familia” como la “creada” en el templo (con su consecuente diezmo), son los que querrían vivir en el siglo XVIII; las cuestiones políticas y jurídicas pertenecen a los poderes públicos, las cuestiones del dogma a las instituciones religiosas, es hora de dar a cada uno lo suyo.
Las declaraciones periodísticas de las concejales Yawny, Natali y Novo hacen presumir que esto será así -la insistencia- pero no podemos dejar de participar en una cuestión tan sensible para la población toda; este forma parte de uno de los tantos temas en los cuales la comunidad universitaria no puede mantenerse pasiva, sin opinión, este es uno de los momentos en los cuales debemos demostrar nuestro compromiso con la comunidad; mal podrían aquellos que con total libertad y convicción hace no mas de treinta días, avalaron la ordenanza en cuestión, hoy rectificar su accionar bajo el amparo del desconocimiento legal, única razón que podrían argüir, eso no solo constituiría un triste ejemplo mas de la clase dirigente, sino que además demostraría la falta de compromiso individual del quienes hoy ostentan la representación de la ciudadanía de Río Cuarto.-
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